El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en el pasado fue la opción que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, ahora presenta un juicio de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pues desea anular completamente el proceso y resultados de la consulta de revocación de mandato.

La razón que enarbola es que los morenistas detrás de esta consulta hicieron “descaradas violaciones a la Constitución”.

En un comunicado, el PRD tildó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a altos funcionarios de Morena como “delincuentes” por incumplir la Constitución Política y los principios básicos electorales.

“Los principales actores son los funcionarios federales, gobernadores y dirigentes del partido de Morena, encabezados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes actuaron como delincuentes electorales”, escribió el partido.

Al respecto, Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el INE, acusó que el pasado 10 de abril se cometió un “flagrante fraude electoral”, pues en estados como Chiapas, Veracruz y Tabasco hubo casillas en donde votaron más de dos personas por minuto.

Incluso, señaló que algunas casillas fueron instaladas en lugares distintos sin justificación alguna y afirmó que estas acciones se hacían “en los viejos tiempos, en donde se rellenaban votos ilegales”.

“Se despacharon con la cuchara grande… hubo casillas en donde votaron más de dos personas por minuto, un verdadero cochinero que hicieron los operadores de Morena. Pedimos se revisen todas las casillas donde hubo fraude”, escribió.

A su vez, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que si no se anula este ejercicio se deja el precedente “peligrosísimo” de que se sigan cometiendo más engaños.

“No podemos permitir que quede como parte de la picaresca política como algo que no tiene importancia, no queremos que se siente un precedente para los próximos procesos electorales”, argumentó.

También señaló que dirigentes de Morena y gobernadores actuaron en “pandilla tumultuariamente” y deben ser sujetos de la aplicación de la ley, además de ser sancionados por cometer “delitos graves” al violar los ordenamientos electorales.

Con información de El Financiero.

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